Capacidad Jurídica y Contractual: La legislación colombiana ha atribuido capacidad jurídica y contractual a diversas formas organizativas de los pueblos indígenas, permitiendo que estas comunidades puedan ser cocontratantes en convenios y contratos con entidades estatales. Esto se realiza bajo ciertos supuestos de hecho y requisitos establecidos por la ley. Enfoque Diferencial Étnico: Aunque cada entidad estatal tiene autonomía para estructurar sus procesos de contratación, se reconoce la necesidad de un enfoque diferencial que contemple las particularidades de las comunidades indígenas. Sin embargo, la Agencia Nacional de Contratación Pública no lleva un registro específico de estos procesos. Concertación y Participación: La participación de los pueblos indígenas en la contratación pública se garantiza a través de la concertación, donde se busca que las decisiones y acciones que les afectan sean discutidas y acordadas con ellos. Esto es fundamental para asegurar que sus derechos sean respetados y que se eliminen las diferencias existentes con otros grupos sociales.

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