La ley de protección de datos personales se aplica exclusivamente a personas naturales, no a personas jurídicas. No obstante, esta protección puede extenderse a las personas jurídicas en situaciones donde se vean afectados los derechos de las personas naturales que las integran. Esto implica que, aunque las entidades jurídicas no están directamente bajo el ámbito de la ley, deben considerar la protección de los datos personales de sus representantes o empleados. Así, se garantiza que los derechos de las personas naturales sean respetados, incluso en contextos donde se manejen datos dentro de una estructura corporativa.