El decreto incluye la evaluación permanente del programa por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Igualdad y Equidad, asegurando insumos técnicos para corregir la desigualdad en la distribución de derechos de propiedad. Las beneficiarias deberán cumplir con requisitos específicos y, en casos de solicitudes asociativas, al menos el 60% de los integrantes deben ser mujeres. Además, se establece que el acceso a tierras será parcialmente gratuito, con un pago que no exceda el valor catastral del inmueble. Este decreto representa un avance significativo hacia la equidad de género y el fortalecimiento del papel de las mujeres en el desarrollo rural.

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