El caso involucró al consorcio Civiltec EU, que fue declarado en incumplimiento contractual por el Incoder debido a varias faltas, incluyendo la falta de presentación de informes de ejecución mensual y la no disponibilidad del director de obra. El consorcio apeló la decisión, argumentando violaciones al debido proceso y solicitando la nulidad de los actos administrativos. Sin embargo, el Consejo de Estado revisó las pruebas y determinó que el consorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales y no presentó pruebas suficientes para contradecir las acusaciones. En consecuencia, el Consejo de Estado dejó en firme la declaración de incumplimiento del Incoder, validando su actuación y confirmando que el consorcio no había cumplido con los términos del contrato.