Las acciones que se le pueden aplicar a la junta directiva de una empresa de servicios públicos que durante 20 años no aplicó la actualización tarifaria de acuerdo al IPC, a pesar de no tener suficiencia financiera, pueden incluir: sanciones administrativas, toma de posesión, requerimientos de actualización tarifaria, responsabilidad civil y revisión de estatutos y normativa interna. Es importante tener en cuenta que las acciones específicas dependerán de la legislación aplicable y de las circunstancias particulares del caso.