La medida se fundamenta en la necesidad de proteger la industria nacional frente a importaciones realizadas en condiciones inequitativas y se aplicará por un período de dos años. Existen excepciones para las importaciones bajo Sistemas Especiales de Importación-Exportación. El decreto fue adoptado tras recomendaciones del Consejo Superior de Comercio Exterior y se basa en un análisis de mercado que justifica la necesidad de la salvaguardia.