Además, se establece que tanto el Ministerio de Salud como la ADRES son sujetos de control fiscal, y que las decisiones sobre situaciones particulares deben ser tomadas por funcionarios competentes. La responsabilidad fiscal se define por la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre ambos. Por lo tanto, cualquier decisión sobre el reconocimiento de servicios excluidos debe considerar estos elementos y el debido proceso administrativo.

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