La Corte Constitucional precisó que este requisito vulnera la autonomía e independencia judicial, así como las funciones definidas por la Constitución para la Contraloría. Se establece que no existe una relación adecuada entre el concepto de la CGR y el objetivo de proteger el patrimonio público, ya que las medidas propuestas desconocen las competencias constitucionales de la CGR y la separación de poderes en el ejercicio de funciones públicas. Además, la Corte concluye que las disposiciones que obligan a la CGR a rendir concepto son desproporcionadas y no efectivamente conducentes, lo que lleva a la declaratoria de inexequibilidad de dichas normas.