digna. Para cumplir esta orden, el alcalde podrá elegir una de dos alternativas: (1) la presentación del proyecto ya subsanado ante el OCAD, en un término de dos (2) meses contados desde la notificación de esta sentencia; o el diseño y puesta en marcha de un plan para satisfacer el derecho a la vivienda digna de los accionantes.
“Corte señaló que el derecho a la vivienda digna requiere de políticas públicas sólidas que permitan la ampliación de su cobertura”
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La Corte ordenó al alcalde de Aipe (Huila) que, si no lo ha hecho aún, proceda a adoptar medidas positivas para la garantía del derecho de los accionantes y para que los subsidios de los que son titulares se conviertan en un mecanismo efectivo para el acceso a una vivienda
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