identificación de la población negra del país en los tres últimos censos realizados en vigencia de la Constitución Política de 1991. Esa es la primera de un conjunto de órdenes adoptadas por el Alto Tribunal para garantizar que las poblaciones afrocolombianas sean debidamente identificadas en el próximo censo nacional de población y vivienda. La decisión fue adoptada al fallar una tutela que presentó un grupo de ciudadanas y ciudadanos, pertenecientes a organizaciones sociales afrocolombianas, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y de la población afrocolombiana en general, debido a las deficiencias que afectaron la ejecución del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018 y que dieron lugar a la invisibilidad estadística de una parte significativa de esta población.