indiciados le pagaran a la Nación más de 32.000 millones de pesos, como resarcimiento a los perjuicios causados por la constructora. Frente a la presunta vulneración de los derechos colectivos originados por el anuncio de un posible principio de oportunidad al expresidente de Odebrecht, por un presunto soborno de más de 4 millones de dólares al exsenador Otto Bula, la sala declaró carencia de objeto por hecho superado, ante la evidencia de que el acuerdo no fue aprobado por la justicia penal. Frente a los restantes ofrecimientos de cesación de la persecución penal e investigaciones aún en curso que ha adelantado la Fiscalía en este caso, el Consejo de Estado decidió no acceder a las pretensiones.