A su vez, la Alta Corte condenó a la Universidad Popular del Cesar a pagar al exrector la suma de $654’063.819.05, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante. “La Sala estimó que las irregularidades dentro del proceso de designación del Rector para el periodo 2010 – 2014 de la Universidad Popular del Cesar, las cuales fueron reprochadas en la
sentencia de nulidad electoral que retiró del ordenamiento jurídico le acto administrativo proferido por el Consejo Superior del ente universitario que lo beneficiaba, constituyen una falla probada en el servicio y, por consiguiente, se debe declarar la responsabilidad del Estado en el caso concreto”.
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