Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta iniciativa, los residuos sólidos especiales y los residuos peligrosos. El objeto de este proyecto de ley es crear y regular el mercado de valorización de residuos sólidos a través de la implementación de un esquema de valorización dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, incluyendo su reincorporación en la cadena productiva en el marco del modelo de economía circular. Este aplica a las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que generen, almacenen, recolecten, transporten, transformen, consuman, traten, exporten, almacenen, importen o gestionen Residuos Sólidos en el territorio nacional.
Para los autores, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para minimizar el impacto de la minería ilegal, estas no han sido efectivas, toda vez que incautar una maquinaria pesada y luego destruirla a través de la quema, genera mayor daño al medio ambiente; por lo que consideran que es la oportunidad de tomar la decisión de entregar esa maquinaria a los municipios de bajo presupuesto que tengan pobreza multidimensional, pero que ante todo sean reconocidos como municipios PDETS y de esta forma se busca resarcir los daños que causan con éste al medio ambiente y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los municipios, ya que la maquinaria por sí sola no causa un daño al medio ambiente, es el uso que se le da.
Los autores son, entre otros senadores, Paola Andrea Holguín Moreno, Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Esteban Quintero Cardona. El propósito de la iniciativa es la promoción de la investigación científica tendiente a determinar la viabilidad de adelantar la técnica de Fracturamiento Hidráulico con una sola etapa y Perforación Horizontal (Fracking) a través de Proyectos Pilotos de Investigación Integral que analicen las variables ambientales, sociales y económicas que tienen relación con esta técnica, de acuerdo con los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación- CEPI que se encuentran vigentes.
El proyecto de ley de autoría de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), radicó un proyecto de ley para ampliar por parte del Gobierno Nacional la cobertura de cilindros para aquellos departamentos en donde hay viabilidad de sustitución de leña por gas licuado de petróleo, de conformidad con lo indicado en el Plan Nacional de Sustitución de Leña publicado por la UPME en 2022. Dichos subsidios de ampliarán progresivamente, iniciando por aquellos departamentos que tengan más del 9% de la población utilizando combustibles altamente contaminantes para cocinar.
El representante del Partido Cambio Radical, Gilberto Betancourt, radicó un proyecto de ley que propone establecer un marco normativo integral para la gestión sostenible e integrada del recurso hídrico en Colombia, otorgando al agua la condición de patrimonio natural estatal. Según el articulado del proyecto de ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigirá de manera eficiente la gestión de recursos hídricos y cuencas hidrográficas, mediante la corresponsabilidad de entidades gubernamentales y sociales, la implementación de asistencia técnica, la salvaguardia de fuentes de agua, el fomento de organizaciones comunitarias, la instauración de "guardianes de cuencas hidrográficas" y la delimitación de áreas de protección, se persigue conservar la vitalidad del recurso hídrico.
El proyecto de ley tiene por objeto incluir a las juventudes rurales dentro de la reforma agraria, facilitando su acceso a la tierra y a proyectos productivos acordes a su plan de vida y a las condiciones de sus territorios; entendiéndose que la tierra y la productividad son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales. Se expone en la parte motiva del proyecto de ley que “la inclusión productiva de los jóvenes rurales se ve afectada no solamente por deficiencias en el acceso a oportunidades laborales y de emprendimiento sino por brechas de género. Esto implica que las mujeres rurales tengan una carga mayor de labores no reconocidas que les impiden generar ingresos”.
Los planes, programas y proyectos que busquen la recuperación de la capacidad productiva de los suelos con vocación de uso agrícola, deberán incluir procesos de remediación que generen el mínimo impacto ambiental, priorizando técnicas de biorremediación y biofertilización. De manera conjunta, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, orientarán, formularán y ejecutarán planes, programas y proyectos que promuevan procesos integrales de recuperación de la capacidad productiva de los suelos con vocación de uso agrícola. La estrategia para la implementación de los planes, programas y proyectos que busquen la recuperación de la capacidad productiva de suelos con vocación de uso agrícola desarrollada por los ministerios mencionados en el presente artículo, deberá ser similar a la que establece el Plan Nacional de Restauración, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas - PNR.
El presente proyecto de ley tiene por objeto reconocer al río Guatapurí, su cuenca y afluentes, como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, las comunidades étnicas y los campesinos que habitan la zona de
La presente iniciativa tiene por objeto la creación de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Congreso de la República para promover la implementación de la normatividad reconocedora de los derechos de los
El proyecto de ley que fue presentado por el Centro Democrático busca establecer los lineamientos y mecanismos para la evaluación del gasto en protección ambiental de las entidades del orden nacional y territoriales en Colombia.